La Opinión

SACRAMENTO – La lucha por mantener bajos los costos de electricidad podría llegar a las urnas electorales si la Legislatura y el gobernador no actúan de una manera apropiada en contra de las compañías de energía eléctrica, advirtió ayer un grupo de protección al consumidor.

“Nuestra meta es la restauración de un sistema eléctrico confiable y a buen precio en California”, declaró en una conferencia de prensa el activista Harvey Rosenfield, presidente de la Fundación para los Derechos del Contribuyente y del Consumidor.

Rosenfield criticó fuertemente a la Legislatura estatal por haber aprobado en 1996 la ley que desregularizó a las compañías de energía eléctrica, decisión que tachó de un “desastroso experimento”. El desastre, según dijo, fue obra de las mismas compañías, que ahora solicitan fondos públicos.

Para reparar esos daños y estabilizar los precios de la energía eléctrica, evitando futuros aumentos como el experimentado por los usuarios del área de San Diego el verano pasado, Rosenfield dio a conocer el borrador de una propuesta que presentó al gobernador Davis y a la Legislatura para que la utilicen como guía en los proyectos que discutirán en los próximos meses.

Aunque Rosenfield dijo dudar que la Legislatura y el gobernador estén dispuestos a hacerlo, les solicitó que establecieran una moratoria en el recibo de contribuciones políticas provenientes de compañías eléctricas durante el tiempo que su plan sea discutido en la Legislatura, pues de lo contrario el público dudará de su integridad.

“Entre los meses de julio y septiembre, las empresas de utilidades y de energía eléctrica gastaron más de 1.2 millones de dólares para cabildear a la Legislatura y contribuyeron otros 225 mil dólares a las campañas políticas de diferentes candidatos”, dijo Rosenfield.

El concepto que él presentó incluye un impuesto sobre ganancias que será utilizado para un reembolso a los usuarios de San Diego y de otras compañías eléctricas que se hayan visto obligados a pagar cuotas excesivas como resultado de la desregularización.

También incluye la creación de una nueva agencia estatal dedicada a velar por los intereses del usuario californiano y a asegurar que la dotación de energía eléctrica sea confiable, de buen precio, eficiente y tome en cuenta el medio ambiente.

Esa agencia se encargaría también de la construcción y operación de plantas energéticas, así como de líneas de transmisión y distribución, convirtiendo al estado en propietario de dichos sistemas, en competencia con la industria privada.

El plan fue inmediatamente criticado por la industria eléctrica. “En vez de utilizar amenazas y demandas, Harvey (Rosenfield) debería unirse a otros grupos responsables para encontrar soluciones que verdaderamente sean del interés publico”, indicó Tom Higgins, vicepresidente de relaciones corporativas de la compañía Edison International, propietaria de Southern California Edison.

El líder republicano del Senado Jim Brulte (republicano de Rancho Cucamonga) dijo no haber leído la propuesta de Rosenfield, aunque sí estaba complacido de que ésta permitiera que las compañías utilitarias adquirieran electricidad con contratos de largo plazo.

Brulte también dijo que el próximo año California pondrá a funcionar cuatro nuevas plantas generadoras de electricidad y en 2002 otras cuatro, lo cual podría mejorar la dotación de energía.

Las declaraciones de Brulte fueron secundadas por Jan Smutny Jones, portavoz de la asociación de Productores Independientes de Energía.

“Lo más importante para que los cobros sean reducidos es permitir que las compañías obtengan contratos a largo plazo. Eso es algo que la Comisión de Utilidades Públicas puede permitir mañana mismo”, dijo Smutny Jones añadiendo que lo peor que puede hacer California es crear un sistema público ahora que la industria privada empieza a invertir entre 10,000 y 15,000 millones de dólares en plantas generadoras de energía.

Rosenfield amenazó con convertir su plan en una proposición electoral y recaudar las firmas y fondos monetarios suficientes para ponerla a votación popular en las elecciones de 2002, si la Legislatura no actúa con prontitud.