Activistas aseguran que la crisis podría crear recesión en el país en el verano

La Opinion

En el verano, el presidente George W. Bush deberá hacer bajar los precios de la electricidad para evitar que la crisis económica de California se convierta en depresión en todo Estados Unidos, pronosticó ayer Harvey Rosenfield, presidente de la Coalición por los Derechos de Consumidores y Contribuyentes.

“En última instancia, el Presidente se verá obligado a hacerlo para impedir que el gobernador de California, Gray Davis, ordene la confiscación de plantas de energía”, dijo el conocido activista.

Según Rosenfield, esto debe suceder porque “California no podrá sobrevivir muchos días de apagones, que tendrán un terrible efecto sobre la economía”.

La única solución de la crisis, dijo, es obligar a las empresas generadoras a bajar los precios y a devolver 6,000 millones de dólares en sobrecargos si no quieren que el Estado confisque sus plantas.

Rosenfield, conjuntamente con Doug Heller, otro dirigente de la organización con sede en Santa Mónica y experto en cuestiones de la crisis energética, se reunieron ayer con la mesa editorial de La Opinión para hablar de temas relativos a la misma.

La crisis de energía, recalcaron ambos, es especialmente severa para las personas de escasos recursos, para quienes un aumento de 40 a 150 dólares por mes en la cuenta de electricidad es muy significativo.

Crisis de apagones

Heller advirtió contra los riesgos de una crisis de apagones en el verano.

“La gente tiene un alto grado de conciencia para conservar energía; es posible que no enciendan los aparatos de aire acondicionado para ahorrar electricidad. Ya vimos lo que sucedió hace unos años en Chicago: muchos ancianos murieron de deshidratación por eso.”

Rosenfield criticó fuertemente la actuación de Davis, “a quien no puedo describir sino como cobarde”. Aunque entiende que la solución pasa por la confiscación de las plantas eléctricas por el estado –o por la amenaza de optar por esa medida– Davis la rehúye porque “quiere ser presidente de Estados Unidos y para ello necesita el apoyo de Wall Street”, dijo el activista.

En consecuencia, “Davis carece de un plan”, sentenció.

Rosenfield y Heller describieron el desenlace de la crisis energética desde la decisión de desregular la industria eléctrica hasta el momento actual.

“No había necesidad de decretar la desregulación, porque no existía un problema”, dijo Rosenfield.

La desregulación se hizo con el entusiasta apoyo de las empresas de distribución Edison, PG&E y San Diego PG&E. Las tarifas eléctricas, dijeron los defensores del consumidor, fueron congeladas durante tres años y medio para que los consumidores de energía recompensaran a esas empresas por supuestos déficits por 28,000 millones de dólares. “Es irónico”, dijo Rosenfield, “que finalmente la regla funcionó contra las empresas de suministro”.

Ahora, explicó Rosenfield, Edison y PG&E “están muertas” y no incidirá en la crisis que se avecina en el verano el hecho de si se declaran o no se declaran en bancarrota.

Es más, Edison International, casa matriz de Southern California Edison, tiene suficientes recursos como para salvar a su empresa hija, “pero prefiere que lo hagamos nosotros”, afirmó Rosenfield.

En última instancia, ésta no es una crisis de suministro ni de demanda, dijo. Durante los últimos apagones en el mes de enero, el estado de California estaba utilizando poco más de la mitad de la energía eléctrica que es capaz de producir. El resto faltó porque las empresas de suministro, “ocho compañías gigantescas con sede fuera del estado”, decidieron poner una cantidad desproporcionada de centrales eléctricas fuera de funcionamiento.

“Por lo general, un 12% de las plantas están en constante reparación. En ese momento, en el curso de seis meses, las empresas generadoras apagaron entre el 25% y el 35% de las plantas”, dijo Heller. En definitiva, esta crisis de energía no es sino una manipulación de precios por parte de las compañías generadoras con el objeto de maximizar sus ingresos.

“En 1999, los costos de electricidad fluctuaban entre 18 y 36 centavos por kilovatio/hora. Actualmente, se encuentran entre 0.60 y 1.90 dólares”, dijeron para ilustrar el grado de aumento en los beneficios de estas empresas.

Rosenfield confirmó la información según la cual su organización no se opondría a la propuesta emisión de bonos por 13,500 millones de dólares por parte del estado para cubrir los gastos incurridos en la compra de energía. Por otro lado, señaló que “si no se bajan los costos, invariablemente ese dinero se utilizará para comprar más energía en lugar de rellenar el erario”.

En lugar de ello, la Coalición de Consumidores considera presentar una proposición en las próximas elecciones para anular los defectos de la desregulación y establecer control público sobre la producción de electricidad en California.

Harvey Rosenfield fue el autor y promotor de la Proposición 103, que regulaba las primas de los seguros y que los votantes aprobaron en 1988.