La Opinión

SACRAMENTO, California.– El acuerdo tentativo para “rescatar” de la bancarrota a la compañía Southern California Edison costará casi dos mil dólares a cada usuario californiano y debería ser rechazado por la Legislatura estatal, sostuvieron ayer representantes de tres organizaciones de protección al consumidor.

“‘Por qué hemos de salvar de la bancarrota a una empresa privada?”, preguntó en una conferencia de prensa Harry Snyder de la organización Consumers Union, uno de los invitados a testificar en la primera audiencia que un comité del Senado estatal realizó para discutir la propuesta, apoyada por el gobernador Davis.

La audiencia se realizó a raíz de una solicitud hecha por el mismo gobernador, pues aunque la propuesta legislativa SBX278 del senador Richard Polanco fue presentada en mayo, la semana pasada no se había procesado, hasta que el gobernador intervino y solicitó personalmente al presidente del Senado que iniciara las sesiones.

Según declaró Snyder, los problemas financieros de la compañía Edison, fueron el producto del mercado libre que ellos mismos apoyaron, en el cual existen ganadores y perdedores.

“Edison, es un perdedor”, dijo Snyder.

Mathew Freedman, abogado de la Red de Reforma a los Servicios Públicos (TURN), otro de los convocados, manifestó que el acuerdo con Edison no es una solución de la crisis energética pues no establece el reembolso de las altas tarifas que han pagado los usuarios y por el contrario, otorga beneficios multimillonarios a Edison.

Entre otras cosas los oponentes a la propuesta declararon que bajo el componente de tarifas dedicadas, los usuarios de Edison podrían llegar a pagar entre 5,000 millones a 7,000 millones de dólares, si se incluye el interés; además, que otros componentes del acuerdo protegerían a la corporación propietaria de Edison de cualquier responsabilidad por la crisis.

Harvey Rosenfield, representante de la Fundación por los Derechos del Consumidor reafirmó su propósito de poner a votación un referéndum contra el acuerdo.

“Estamos hablando sobre la responsabilidad personal de cada individuo y ya tenemos a miles de personas listas para trabajar en una campaña política para el próximo año si se hace necesario”, declaró Rosenfield.

Un par de horas después, hablando ante el comité senatorial, Rosenfield dijo que los legisladores tienen ahora la oportunidad de proteger al público contra un “horrible desastre que sucedió aquí mismo hace cinco años”, en referencia a la ley que eliminó las regulaciones de la industria energética y que fue aprobada unánimemente.

Por su parte Snyder declaró ante el comité del Senado que el estado está a punto de salvar de la bancarrota a una compañía privada, acción que dijo, “va en contra de la ideología tanto liberal como conservadora”.

A pesar de que la propuesta del gobernador no ha recibido ningún apoyo en la Legislatura, Rosenfield advirtió que en los últimos días de la sesión legislativa es posible que se formen alianzas entre el gobernador y algunos legisladores para aprobar el acuerdo. El y los otros representantes de grupos del consumidor mantendrán una vigilancia constante, dijo.

Los tres grupos acordaron que en vez de salvar económicamente a las compañías de distribución de electricidad, el estado debería iniciar medidas contra los generadores y los mercaderes de energía que se han aprovechado de la ley que eliminó la industria, para apoderarse de ganancias multimillonarias.

Los tres acordaron que el consumidor resultaría más protegido por la bancarrota de Edison, ya que el tribunal de bancarrotas no podría aumentar tarifas ni garantizar ganancias a los inversionistas, tal como ocurre con el acuerdo entre el gobernador y Edison.