Quackenbush se salva del juicio político, pero continúa la investigación criminal

La Opinión

SACRAMENTO, California.- El comisionado de Seguros, Chuck Quackenbush, renunció este miércoles a su puesto, tres meses después de haber estallado el mayor escándalo político del gobierno estatal en los últimos años.

De esta manera el funcionario evita el juicio político por la Asamblea, aunque continúa la investigación del procurador estatal.

La renuncia del comisionado fue presentada por medio de una carta de una sola frase que entregó al secretario de estado, Bill Jones, el miércoles poco después del medio día.

“Presento mi renuncia al puesto de Comisionado de Seguros de California efectivo a partir del 10 de julio”, dice la carta.

La oficina del comisionado no explicó la selección de la fecha.

Minutos después de conocerse la noticia, Harvey Rosenfield, presidente de la Fundación de los Derechos del Contribuyente y Consumidor (FTCR), anunció su regocijo. “Hoy es el día de la independencia para la gente de California; la cual ha quedado libre de la tiranía de un político corrupto y de la industria de seguros a la que estaba protegiendo”.

Ahora los funcionarios de la FTCR piden al gobernador Gray Davis que elija a un nuevo comisionado que sea 100% proconsumidor, para que trabaje el resto del término que dejó Quackenbush.

“También queremos que cambien la ley de protección al consumidor, porque no están protegiendo al consumidor de las compañías de seguros sin escrúpulos”, agregó Rosenfield, quien es el autor de la proposición 103, que hace que el comisionado de seguros sea elegido por los votantes en lugar de ser nombrado por el gobernador.

La renuncia de Quackenbush se produjo dos días después de la más reciente audiencia del Comité de Seguros de la Asamblea. Este grupo, como un comité del Senado, investiga las acciones de Quackenbush en torno a los acuerdos con seis compañías de seguros que habían cometido violaciones tras el terremoto de Northridge.

Esas compañías no tuvieron que pagar las multas de 3,700 millones de dólares a las que eran candidatas, según la oficina del comisionado. En su lugar, se les solicitó que donaran sólo 12 millones y medio de dólares a dos fondos no lucrativos establecidos por allegados de Quackenbush.

Aunque esos fondos deberían utilizarse en campañas de ayuda e información al consumidor, más de la mitad del dinero se gastó en lo que el asambleísta Fred Keeley (demócrata de Boulder Creek), tachó de ser una “perpetua campaña política”, que favorecía a Quackenbush.

Esa campaña consistía en anuncios de televisión en los que Quackenbush siempre estaba presente, así como en donativos a grupos comunitarios que, de alguna forma tenían conexión con el comisionado o sus asesores principales.

Sin concesiones

Don Heller, abogado de Quackenbush, continuó defendiendo a su representado, aún después de la renuncia, diciendo que “él no ha hecho nada ilegal, criminal o inapropiado, sólo cometió algunos errores que ha admitido”.

Ante un grupo de reporteros, el asambleísta Keeley, quien forma parte del Comité de Seguros, admitió que los abogados de Quackenbush habían tratado un día antes de lograr algunas concesiones por medio de la renuncia, pero los legisladores se negaron a negociar.

Entre otras cosas, se trató de negociar el pago de los gastos legales generados por las investigaciones, los cuales podrían sobrepasar el medio millón de dólares.

El comisionado debía testificar en la siguiente audiencia del comité, que se tenía programada para hoy, pero tras el testimonio acusatorio de algunos de sus ex empleados, se hubiera enfrentado a una difícil situación.

“Si se hubiera negado a contestar amparándose bajo la Quinta Enmienda constitucional, eso hubiera abierto la puerta para un juicio político”, declaró el asambleísta Keeley, quien luego agregó: “Creo que teníamos un caso bastante sólido”.

A causa de la renuncia, el resto de las audiencias han sido canceladas. Sin embargo, el comité trabajará durante las próximas semanas en la elaboración de un reporte que detallará los problemas encontrados y algunas posibles soluciones.

Con su renuncia, Quackenbush no solamente evita el juicio político, sino que el Partido Republicano al que pertenece y del cual era uno de los políticos más prometedores, también soslaya la posibilidad de que dicho juicio se realice durante un año electoral, hecho que hubiera perjudicado a las campañas republicanas en California.

Investigación criminal

Lo que la renuncia no detiene es la investigación que realiza la oficina del procurador estatal Bill Lockyer la cual puede culminar con acusaciones criminales contra el comisionado.

“Nuestra investigación sobre los acuerdos con las compañías de seguros relacionadas con Northridge continuarán sin demora y no concluirán hasta que mi oficina cuente con toda la información necesaria para determinar si se justifica hacer acusaciones civiles o criminales”, declaró Lockyer en un comunicado.

“Si algún crimen ha sido cometido por alguien relacionado con estas acciones, mi oficina tomará acción para asegurar que esa persona sea enjuiciada”.

Rosenfield afirmó en Los Angeles que con la renuncia de Quackenbush no termina el escándalo, sino que ha abierto las puertas para salgan los detalles a la luz. “Queremos que continúe la investigación de las agencias de seguros en el caso del terremoto de Northridge y que éstas sean juzgadas como lo manda la ley”, aseveró Rosenfield.

Manifestó que los detentores de pólizas de seguros han estado pagando sus seguros año con año, para proteger sus propiedades y que en caso de una catástrofe tienen que recibir una respuesta positiva por parte de las agencias de seguros.

“Esto no ocurrió en el terremoto de Northridge y casi nunca ocurre en California”, enfatizó.

“Casi todos los días las agencias de seguros se niegan a pagarle a los clientes lo acordado en las pólizas. Cuando es tiempo de reclamar, siempre dicen que la póliza de seguros no cubre los daños”. Los funcionarios esperan que el nuevo comisionado haga una limpieza en el departamento de seguros y que se castigue legalmente a los trabajadores y agencias de seguros que no desempeñaron su labor íntegramente. Asimismo, le piden que se reabran los casos del sismo de Northridge, para que las agencias de seguros remuneren a sus clientes apropiadamente.

La renuncia del comisionado fue recibida de diferentes maneras en el capitolio estatal.

“No me produce ningún gusto la ruina de un hombre. Creo que la historia del señor Quackenbush nos enseña a todos a tener cautela. Desafortunadamente, el departamento de seguros cometió inaceptables abusos de poder durante el período del señor Quackenbush como comisionado”, declaró el asambleísta Jack Scott (demócrata de Altadena) quien encabeza el Comité de Seguros de la Asamblea.

Por su parte, el asambleísta Martín Gallegos (demócrata de Baldwin Park), quien forma parte de dicho comité declaró: “Siempre es algo triste y decepcionante cuando un funcionario electo se ve forzado a renunciar por haber violado la confianza del público, pero creo que hizo lo correcto”.

Por su parte, el gobernador Gray Davis emitió un comunicado en el que no hace comentario sobre la renuncia, pero declara que nombrará al comisionado interino lo más pronto posible.

Después del 10 de julio, el puesto de comisionado será ocupado temporalmente por el subcomisionado Michael Kelley, pero la persona que el gobernador Davis nombre en los próximos días, ocupará el puesto hasta finales de 2002, cuando hubiera concluido el período de Quackenbush.

“Espero que sea una persona sin aspiraciones políticas; alguien que pueda retornar la dignidad, el respeto y el honor que ese puesto se merece”, declaró el asambleísta Gallegos.

Marilú Meza, reportera de La Opinión, aportó las reacciones en Los Angeles.