La Opinion

SACRAMENTO.– Un día después de la dimisión del comisionado de Seguros, Charles Quackenbush, defensores de los consumidores declararon “día de la independencia” mientras que en la Legislatura se desarrollaron pláticas sobre cómo prevenir abusos en el Departamento de Seguros.

Por su parte, el procurador de Justicia de California, anunció el proceso criminal contra George Grays, la figura central de una fundación sin fines de lucro creada por Quackenbush, que recibió al menos 90 mil dólares en recompensas ilegales, según fuentes allegadas al caso.

“Por seis años los consumidores y los asegurados han estado bajo la tiranía de las aseguradoras y su lacayo Chuck Quackenbush. Hoy es el día de la independencia”, dijo Harvey Rosenfield, presidente de la Fundación de los Contribuyentes y los Derechos de los Consumidores (FTCR).

Según Rosenfield el escándalo creado dentro del Departamento de Seguros “no acabará hasta que sean investigados y atendidos los reclamos de las víctimas del terremoto de Northridge y cambien las leyes de este estado para prevenir que estos escándalos ocurran en el futuro”.

Se espera que el gobernador Gray Davis designe la semana próxima a un comisionado de seguros para completar el período de Quackenbush que finalizaba en noviembre del año 2002.

Para la gente que acompañó a Rosenfield en una conferencia dada ayer, los grupos de defensa de los consumidores y la ciudadanía en general deberían recomendar al sucesor.

“La oficina constitucional [el cargo electivo por voto ciudadano] surgió a raíz del desacuerdo de los votantes con los candidatos que designaban los gobernadores… por sus fracasos en la defensa del público contra las excesivas ganancias y otros abusos de las aseguradoras”, dijo Rosenfield.

El titular de la organización y redactor de la Proposición 103, que hizo electivo el cargo de comisionado de Seguros, sugirió que la persona que continúe al frente del Departamento de Seguros debe ser alguien que “no haya recibido un solo penique” de las empresas y cuya sola preocupación sea la defensa del consumidor”.

No se sabe aún –ni había ayer en círculos gubernamentales– rumores del posible sucesor de Quackenbush, un republicano cuyo antecesor fue el demócrata John Garamendi, primer comisionado de Seguros que tuvo a su cargo el hacer cumplir la 103 y –tal como lo especificaba– obligar a varias de las corporaciones más grandes de la industria a reembolsar a sus asegurados por exceso de ganancias.

Garamendi, un empresario agrícola del Valle Central, se desempeña hoy en la Administración Clinton.

La renuncia de Quackenbush fue presentada el miércoles por medio de una carta de una sola frase que entregó al secretario de Estado Bill Jones poco después del mediodía.

“Presento mi renuncia al puesto de comisionado de Seguros de California, efectivo a partir del 10 de julio”, dice la carta.

La oficina del comisionado no proporcionó explicación sobre la fecha seleccionada para la renuncia.

La renuncia se produjo dos días después de la más reciente audiencia del comité de Seguros de la Asamblea, el cual al igual que un comité del Senado, investigaba las acciones de Quackenbush en torno a los acuerdos con seis compañías que habían cometido violaciones ante los reclamos de los damnificados del terremoto de Northridge.

A esas compañías no se les emitieron las multas de 3,700 millones de dólares que podrían habérseles emitido, sino que se les solicitó que donaran sólo 12.5 millones de dólares a dos fondos no lucrativos establecidos por allegados de Quackenbush.

Aunque esos fondos deberían utilizarse en campañas de ayuda e información al consumidor, más de la mitad del dinero se gastó en lo que el asambleísta Fred Keeley (demócrata de Boulder Creek), tachó de ser una “perpetua campaña política”, que favorecía a Quackenbush.

Esa campaña consistía de anuncios de televisión en los que Quackenbush siempre estaba presente, así como de donativos a grupos comunitarios a los que, de alguna forma, estaban conectados el comisionado o sus asesores principales.