Pide al público racionamiento voluntario de electricidad; recibe críticas

La Opinion

En una alocución transmitida en vivo por la mayoría de las estaciones de radio y televisión del estado, el gobernador Gray Davis anunció ayer un plan destinado a hacer menos penoso para la mayoría de los residentes de California los aumentos en las tarifas eléctricas decretadas la semana pasada por la Comisión de Servicios Públicos (PUC).

“Exhorto a la Comisión a que adopte un plan que proteja a los consumidores”, dijo Davis, cuyo breve discurso fue profusamente publicitado, “y que obligue a los mayores usuarios a que reduzcan su consumo”.

Según el plan propuesto, para el 50% de los usuarios, dijo Davis, no habrá aumento alguno, en tanto que para el resto el aumento será del 26.5%, término medio. Los grandes consumidores pagarían un aumento del 34%. Esto, comparado con los aumentos de casi un 50% aceptados por PUC, y por encima del incremento del 9% decretado hace dos meses.

El gobernador centró su discurso de cinco minutos en una exhortación a los consumidores de energía a que conserven la electricidad.

Reacciones mixtas

La reacción al discurso de Davis por parte de activistas de los derechos del consumidor fue inmediata y de rechazo.

“Davis renegó de la promesa de no subir las tarifas”, dijo Harvey Rosenfield, presidente de la Coalición de Protección de los Derechos de Consumidores y Contribuyentes. Rosenfield acusó a Davis de dejarse guiar por las compañías de suministro eléctrico que efectúan un “chantaje de apagones” y de sacrificar a los consumidores.

“Nada de lo que dijo Davis va a detener a esas corporaciones”, afirmó Rosenfield, “porque la gente común no tienen un cabildero en Sacramento”.

“Nuestra respuesta a Davis es un rotundo no”, finalizó el activista, exhortando a los televidentes a que llamen a Davis para protestar.

Por otra parte, la reacción de Stephen Frank, presidente de Southern California Edison, empresa que suministra electricidad a 11 millones de californianos y emplea a más de 13 mil personas, fue positiva, aunque cauta.

“Consideramos”, dijo Frank a La Opinión a través de su portavoz Clara Potes-Fellow, “que el gobernador confirmó su compromiso de mantener la estabilidad financiera de las compañías de electricidad. Después de tantos meses de crisis, no nos queda mucho tiempo para actuar con efectividad. Continuaremos observando las acciones que le siguen a las palabras que pronunció hoy el gobernador”.

Davis golpea

El gobernador atacó en su discurso al gobierno federal, al que acusó de no actuar para salvar al estado; a la anterior administración republicana del estado, de la que dijo que “durante 12 años no construyó ni una sola planta generadora, mientras que nosotros licenciamos 12 plantas y 10 más están en la línea”, y a los productores de energía, que “nos están estafando”.

Según Davis, la solución más obvia a la crisis energética es la construcción de nuevas plantas de generación de electricidad, la disminución del consumo y la estabilización de las empresas de distribución –refiriéndose a Edison y Pacific Gas & Electric (PG&E).

Entre las acciones que se adjudicó, mencionó la negociación de contratos a largo plazo a precios substancialmente más bajos que los actuales, las conversaciones por la adquisición de las líneas de transmisión eléctrica y la propuesta de crear una Oficina Pública de Energía.

La mayoría de los comentaristas han atribuido la acción de Davis de dirigirse directamente a la opinión pública al descenso en su popularidad, a poco más de un año de su campaña de reelección. Una reciente encuesta del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios arrojó que sólo el 29% de ellos votarían por él si los comicios tuviesen lugar hoy.

Mientras tanto, en Sacramento, la Legislatura consideró ayer una serie de medidas destinadas a la conservación de electricidad con un costo de 1,100 millones de dólares, y grupos de intereses como los agricultores y diversas industrias pidieron ser excluidos de los apagones que ya se anticipan para mayo y junio.

La principal crítica contra Davis por parte del Partido Republicano ha sido su inicial inacción en torno a la crisis. Las organizaciones de consumidores lo acusan de que en el camino a impedir la bancarrota de Edison y PG&E, gastó cinco mil millones de dólares del erario público para comprar electricidad a precios inflados.

La Legislatura aprobó 10,000 millones de dólares para cubrir éstas y futuras adquisiciones, y la Comisión de Servicios Públicos anunció que serían necesarios entre 12 mil y 14 mil millones de dólares adicionales durante el próximo año.

En estas circunstancias, se esfuma el superávit estatal y con ello los planes de ampliar el sistema escolar, mejorar las condiciones de vivienda de la población, incrementar la seguridad de los habitantes y otros planes.

Loretta Lynch, presidenta de la Comisión de Servicios Públicos, organismo que controla a las empresas de suministro y que decretó el aumento de precios, dijo el miércoles que la única solución sería ahorrar energía. La crisis, en su opinión, se expandería a otros estados, causando que California no pueda comprar suficiente electricidad de ellos, lo que ella ve como un agravante de la situación.

Sin embargo, según dijo a La Opinión el miércoles el profesor Christopher Thornberg de UCLA, California adquiere de otros estados sólo el 28% de la energía que consume, mientras que el resto se divide entre la producida por las empresas de distribución y por otras compañías privadas.

(En esta nota se utilizó material proporcionado por Miguel Angel Vega.)